La batalla a tumba abierta, cuchillo en mano, por arañar hasta el último céntimo de todo lo que huela a derechos de autor ha llegado, finalmente, a las bibliotecas públicas. El día 1 de agosto de publicó en el BOE el pistoletazo de salida al pago por préstamo en las bibliotecas, lo que supondrá, si nada lo cambia, el inicio de la desaparición y privatización de estos servicios.
La nueva ley, bueno, para ser exactos un Real Decreto, impone un pago por parte de los centros públicos en localidades de más de 5.000 habitantes por cada libro prestado y cada usuario de la biblioteca. Esto no quiere decir que como usuario vayas a pagar algo cada vez que saques un libro, sino que este pago vendrá a cargo de los presupuestos de la biblioteca. ¿Qué quiere decir esto? Que cuantos más libros se presten, menos dinero habrá para comprar nuevos libros, mejorar los sistemas informáticos o realizar actividades de promoción de la lectura. Hay que decir que esto viene de lejos, de una directiva europea que, según se dijo, no afectaría directamente a los centros ya que el estado iba a destinar una partida presupuestara aparte. Claro.
Este atraco a la cultura pública, denominado derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizado en determinados establecimientos accesibles al público, supone la culminación de una constante persecución a las bibliotecas públicas que lleva años en marcha, primero con constantes reducciones de presupuesto y últimamente tratando de sustituir a bibliotecarios con parados de larga duración, siempre con la idea final, aunque no lo digan, de privatizar estos servicios y desentenderse de la gestión y desarrollo de las bibliotecas públicas.
Por si fuera poco, este pago que se realizará por cada préstamo será gestionado por empresas privadas gestoras de derechos de autor. No hace falta que diga aquí cómo suele ser el reparto que se hace de este dinero, sobre todo teniendo en cuenta que no importa si los libros prestados están sujetos a derechos o no en la actualidad: todo préstamo generará un pago, que luego será repartido quién sabe cómo, a quién o dónde.
Hasta ahora, a muchos autores se les llenaba la boca acusando a los llamados piratas de libros, mandándolos a las bibliotecas públicas, diciendo que ahí podían encontrar sus libros «gratis». Espero que salgan todos a defender estas entidades y dejando claro que la cultura pública y las bibliotecas son un bien fundamental de nuestra sociedad.
(Valencia, 1975) escribe bordeando territorios fronterizos, entre sombras y engranajes, siempre en terreno de sueños que a veces se convierten en pesadillas. Actualmente es el Coordinador de la red social Lecturalia al mismo tiempo que sigue su carrera literaria.