La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ya lleva un tiempo intentando llevar las nuevas tecnologías a las aulas de la Comunidad Autónoma, pero en este año 2010 los esfuerzos por ponerse a la vanguardia española en este particular se han redoblado, tras mucho tiempo mirándose en el espejo de la vecina Extremadura, la primera comunidad en convertir en mayoritario el uso de equipos informáticos individuales entre el alumnado. Así, a principios de este año se empezaron a entregar cerca de 170.000 mini-portátiles a los escolares andaluces, dotados de software libre y especialmente adaptados para sus necesidades educativas, al tiempo que la Junta acondicionaba nada menos que 6439 aulas instalando en ellas pizarras digitales, cañones de proyección y equipos multimedia.
Ahora llega una nueva fase de este programa (denominado Escuela TIC 2.0, y que se desarrolla desde 2003), seguramente mucho más arriesgada y que, además, está levantando ampollas entre el gremio de libreros andaluz, que se siente claramente perjudicado: la intención de la Junta de utilizar libros en soporte electrónico en los centros escolares para, a medio plazo, reducir costes (ya que es la Junta la que en gran parte sufraga los libros de texto), es ya una realidad. Así, 80 centros públicos, diez por provincia, van a utilizar e-books desde este mismo curso académico, integrando un programa piloto que sentará las bases del sistema antes de la implantación total. En principio el formato digital se va a aplicar en al menos tres de las asignaturas de los escolares, que podrán contar con la versión digitalizada de sus libros de texto gracias a la colaboración (interesada, por supuesto) de las editoriales implicadas en el programa. La Junta se ha puesto en contacto con estas editoriales e intentará fomentar la publicación de material curricular en formato electrónico, para lo cual ha sido necesario añadir el soporte digital como un soporte válido que puedan utilizar los centros.
Por ahora este proyecto no va a eliminar los libros de texto impresos, aunque la intención es generalizarlo a medio plazo. Los libreros, como ya he dicho, no están nada satisfechos tras haber suspendido la Consejería el convenio firmado bilateralmente en 2008 en relación a la adquisición de manuales en papel, uno de los gastos más importantes cada año de este área de la Junta, y amenazan con emprender acciones legales para defender sus derechos. Por mucho que la iniciativa del gobierno andaluz favorezca la aparición de contenidos digitales de la mano de las editoriales especializadas, las librerías, en plena crisis, ven peligrar uno de los ingresos “seguros” con que contaban cada año. En este caso está claro que la Junta y las editoriales tienen en mente eliminar el coste de los intermediarios, en el caso de la primera para ahorrarse unos cuantos millones de euros anuales al tiempo que se aprovecha de una gran publicidad, la de poder decir que Andalucía está innovando y abriendo puertas a la educación del mañana.
