Cuando Google presentó su proyecto de digitalización de libros parecía que el sueño de muchos profesionales y aficionados a la cultura desde hace siglos se acercaba: el acceso y la difusión universal de la palabra escrita. El proyecto se basa en el escaneo de los libros y su puesta a disposición a través del buscador, previo paso por un OCR, es decir, un sistema de reconocimiento de caracteres que permite la posterior búsqueda por texto. Este proyecto ha contado desde un principio con el apoyo entusiasta de unos y la prudencia de otros frente al cada vez mayor poder del gigante de Internet, que se podría presentar como garante y filtro ya no de los contenidos de la red, si no del acceso a unos determinados libros.
Pero no está siendo este temor el que está dando dolores de cabeza a la empresa de Mountain View, si no los tan traídos y llevados derechos de autor. Mientras bibliotecas de medio mundo, como la Biblioteca Histórica de Complutense, o el proyecto Europeana colaboran con Google en la digitalización de sus fondos, en este caso libros de dominio público o descatalogados, a través de Google Books se puede acceder a fragmentos de libros digitalizados con copyright, lo que forzó en octubre a firmar un acuerdo de indemnización para autores y editores en los Estados Unidos. A la espera de la ratificación de este acuerdo por parte de un juez, los editores españoles, encabezados por la Federación de Gremios de Editores de España y CEDRO, han anunciado que reclamarán su parte del pastel ya que entre los libros digitalizados se encuentran obras cuyos derechos les pertenecen.
A pesar del acuerdo, Google defiende que no ha violado ninguna ley ya que los fragmentos publicados estarían dentro de la noción de “uso justo”, termino de la ley de derechos de autor de EE.UU. que incluiría el derecho cita, la parodia,… pero está dispuesto a cerrar la polémica con dinero y continuar así con su proyecto. Parece que mientras las editoriales no vean que este modelo de negocio les puede reportar beneficios (visibilidad, publicidad) seguirán intentando cuadrar las cuentas aunque para ello tengan que ir a los tribunales.